Los desastres naturales han ido en aumento, causando pérdidas financieras que superan los 2,3 billones de dólares anuales. Esta alarmante situación fue subrayada por el Secretario General de la ONU, António Guterres, en su mensaje con motivo del Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres, que se celebra cada 13 de octubre. Guterres destacó que el cambio climático está intensificando estos eventos, poniendo en riesgo las décadas de progreso en desarrollo social y económico.
A pesar de la magnitud de esta problemática, el financiamiento destinado a la prevención sigue siendo sorprendentemente bajo, con solo un 2% de la ayuda al desarrollo y menos del 1% de los presupuestos públicos dirigidos a la reducción del riesgo. El Secretario General advirtió que esta falta de inversión en prevención representa un «error de cálculo» con implicaciones devastadoras tanto a nivel humano como económico. Resaltó que cada dólar invertido en infraestructura resiliente puede ahorrar hasta cuatro dólares en daños derivados de desastres.
Ante esta creciente crisis, Guterres instó a los gobiernos y donantes a aumentar las inversiones en reducción de riesgos y a involucrar a los sectores público y privado en la toma de decisiones. Su llamado a la acción pretende fomentar una mayor resiliencia ante el cambio climático y construir un futuro más seguro y equitativo.
En América Latina, la situación es igualmente preocupante. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Unión Europea han lanzado la iniciativa «Prepárate+», que busca integrar a grupos marginados, tales como mujeres y migrantes, en los planes de preparación ante desastres en países como Colombia, Ecuador, Bolivia y Chile. María Moita, directora regional de la OIM, señaló que incluir a estos grupos en los procesos de preparación ha demostrado fortalecer las comunidades.
A pesar de los avances en la gestión del riesgo de desastres en la región, la OIM ha advertido que muchas comunidades siguen siendo vulnerables. Un gran número de familias no conoce los planes oficiales de emergencia, y la confianza en las instituciones es limitada. Esta falta de representación en los esfuerzos de preparación afecta desproporcionadamente a los grupos más vulnerables, aumentando el costo humano y económico de los desastres.
Los estudios han identificado tendencias positivas, como el fortalecimiento de marcos legales y el papel creciente de mujeres líderes en la preparación ante desastres, sugiriendo que una gobernanza inclusiva y el liderazgo femenino son esenciales para la resiliencia comunitaria. El informe mundial sobre desplazamiento de 2025 indicó que más de 83 millones de personas estaban desplazadas en 2024, con América Latina siendo una de las regiones más afectadas por fenómenos climáticos extremos y violencia, reforzando la urgencia de una preparación inclusiva entre gobiernos, comunidades y organizaciones vitales para salvar vidas.
