Cada año, el número de víctimas de trata de personas aumenta alarmantemente, al igual que las distancias que deben recorrer y la violencia que enfrentan. En el reciente Día Mundial contra la Trata, celebrado el 30 de julio, la Oficina contra la Droga y el Delito (UNODC) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) señalaron esta problemática global, impulsada en gran parte por el crimen organizado. Entre los años 2020 y 2023, más de 200,000 personas fueron víctimas de este delito, aunque se estima que solo una fracción de los casos es reportada.
Las organizaciones informan que las redes delictivas explotan flujos migratorios y utilizan plataformas digitales para facilitar la trata transfronteriza, aprovechando las lagunas legales y económicas. Los traficantes se benefician de prácticas como el trabajo forzoso y la explotación sexual, e incluso coaccionan a las víctimas para que participen en actividades delictivas, que van desde estafas en línea hasta narcotráfico. Alarmantemente, una de cada tres víctimas es menor de edad, y el 78% de ellas es reclutada para trabajo forzoso o explotación sexual.
La OIM ha enfatizado que estas redes criminales manipulan y amenazan a personas vulnerables, incluidas migrantes y jóvenes, haciéndolas caer en engañosas promesas de empleo que a menudo terminan en situaciones que se asemejan a la esclavitud moderna. La directora general de la OIM, Amy Pope, subrayó que la trata de personas es una crisis de derechos humanos y una actividad comercial global que alimenta la corrupción y el miedo, afectando desproporcionadamente a quienes más lo necesitan.
Incluso cuando logran escapar o son rescatadas, muchas víctimas continúan enfrentando estigmas e incluso registros delictivos, siendo tratadas más como delincuentes que como sobrevivientes. Estas prácticas generan ganancias masivas para los traficantes, que se estiman en alrededor de 40,000 millones de dólares al año. A menudo, el sistema de justicia penal castiga a quienes han sufrido estas violaciones de derechos, mientras que los perpetradores quedan sin castigo.
Frente a esta situación crítica, la OIM hace un llamado urgente a los gobiernos y comunidades para que reconozcan a los sobrevivientes como víctimas, no como delincuentes. Es crucial que se garantice su protección y apoyo, así como establecer mecanismos que superen la burocracia existente. Para erradicar este fenómeno, es necesario que las fuerzas del orden implementen leyes más estrictas y refuercen la cooperación internacional.
La OIM y la UNODC concluyen que la justicia y el apoyo a las víctimas deben convertirse en prioridades en la lucha contra la trata de personas. La protección de estos individuos debe ser abordada desde un enfoque centrado en los derechos humanos, ya que, sin ello, la lucha contra la trata no podrá avanzar de manera efectiva.
