El Secretario General de la ONU, António Guterres, ha expresado su profunda preocupación por las recientes órdenes de captura emitidas por el Ministerio Público de Guatemala contra Iván Velásquez, ex comisionado de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), y Luz Adriana Camargo, ex jefa de Investigaciones de la misma. Durante la conferencia de prensa habitual, su portavoz, Stephane Dujarric, enfatizó que el personal de la CICIG goza de inmunidad judicial en relación con su labor, conforme a lo establecido en el acuerdo entre la ONU y el Gobierno guatemalteco.
Dujarric aseveró que esta inmunidad se extiende incluso después de que los funcionarios dejan sus cargos en la Comisión, lo que impone a Guatemala la obligación de proteger a los miembros de la CICIG de abusos o represalias por su trabajo. Las órdenes de detención, solicitadas por la Fiscalía Especial contra la Impunidad, están relacionadas con supuestas irregularidades en los acuerdos con la constructora brasileña Odebrecht. Se acusa a Velásquez de haber favorecido estos acuerdos en 2017, cuando dirigía la CICIG, enfrentándose a cargos de asociación ilícita, obstrucción de justicia y tráfico de influencias.
El Gobierno de Guatemala ha rechazado firmemente estas órdenes, argumentando que carecen de sustento legal y violan el acuerdo con la ONU. Sus funcionarios sostienen que estas acciones tienen un claro sesgo político, y son una muestra de cómo el sistema judicial se utiliza para criminalizar a aquellos que buscan justicia. Desde Colombia, la Cancillería se unió a las voces de preocupación, manifestando que estas detenciones vulneran principios del derecho internacional y suponen una grave desviación de los estándares establecidos. Guterres concluyó reafirmando su temor ante las numerosas denuncias de persecución penal contra quienes intentan fortalecer el Estado de Derecho y la justicia en Guatemala.
