La Corte Penal Internacional (CPI) ha expresado su enérgica oposición a la reciente orden ejecutiva firmada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que impone sanciones a sus funcionarios. Esta medida ha sido calificada por la CPI como un intento de «perjudicar su labor judicial independiente e imparcial». Este tribunal, creado bajo el Estatuto de Roma en 1998, tiene como objetivo juzgar los crímenes más graves, incluidos los de lesa humanidad.
La orden ejecutiva, anunciada el jueves, establece que el gobierno estadounidense tomará «consecuencias tangibles y significativas» contra aquellos miembros de la CPI que participan en investigaciones que, según Washington, podrían amenazar la seguridad nacional de Estados Unidos y sus aliados, incluido Israel. Este anuncio se produce en un contexto delicado, ya que la CPI había emitido recientemente órdenes de detención contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el exministro de Defensa Yoav Gallant, acusados de crímenes de guerra relacionados con el conflicto en Gaza, así como contra Mohammed Deif, un antiguo comandante de Hamás.
Es importante señalar que ni Estados Unidos ni Israel reconocen la jurisdicción de la CPI, que está compuesta por 125 Estados partes bajo el Estatuto de Roma, vigente desde 2002. La nueva directiva del gobierno estadounidense argumenta que las acciones de la CPI, en relación con Israel y las pesquisas que involucran a EE. UU., constituyen un «precedente peligroso», poniendo en riesgo a su personal actual y anterior.
Las sanciones propuestas podrían incluir el bloqueo de bienes de los funcionarios de la CPI y restricciones en su entrada a Estados Unidos, así como también para sus familias. Un intento previo del Congreso estadounidense de imponer sanciones a la CPI no obtuvo el respaldo necesario en el Senado antes del cambio de administración en enero.
La CPI ha defendido a su personal de estos ataques, afirmando que la orden ejecutiva busca obstaculizar su trabajo. En un comunicado, el tribunal reafirmó su compromiso con la justicia para millones de víctimas de atrocidades en todo el mundo, instando a todos sus Estados partes y a la sociedad civil a permanecer unidos en defensa de la justicia y los derechos humanos.
El portavoz del Secretario General de la ONU, Farhan Haq, resaltó la importancia del derecho penal internacional como herramienta fundamental en la lucha contra la impunidad, subrayando que la CPI debe operar con total independencia para cumplir con su misión.
