El gobierno del expresidente Donald Trump ha elaborado un borrador de una orden ejecutiva que podría transformar la regulación de la inteligencia artificial (IA) en los Estados Unidos, generando preocupaciones entre expertos en la materia. Esta iniciativa busca castigar a aquellos estados que han implementado legislaciones diseñadas para mitigar los efectos negativos de los sistemas de IA, lo que ha sido calificado por analistas como un enfoque profundamente erróneo.
El borrador de la orden ejecutiva contiene directrices que instruirían a las agencias federales a presentar desafíos legales contra las regulaciones estatales, las cuales la administración considera «onerosas». Además, se contempla restringir la financiación federal a aquellos estados que mantengan dichas leyes, así como establecer una normativa federal que prevalezca sobre las regulaciones estatales en el ámbito de la IA.
Históricamente, el uso desenfrenado de sistemas automatizados ha derivado en decisiones discriminatorias en áreas cruciales como la vivienda, la atención médica y el empleo, impactando de manera negativa a grupos protegidos por la ley. Las leyes estatales, si bien no son perfectas, representan esfuerzos sinceros por abordar estos problemas y proteger a los ciudadanos de los riesgos asociados con el uso indebido de la IA.
Por ejemplo, la Ley de IA de Colorado ha sido mencionada en el borrador como un ejemplo de legislación excesiva. No obstante, esta ley constituye un paso limitado pero vital hacia la protección de las personas frente a los potenciales daños que puede ocasionar la IA. Los analistas advierten que la estrategia de la administración Trump, centrada en desmantelar regulaciones estatales, podría agravar la discriminación vinculada a sistemas automatizados en lugar de resolverla.
La posibilidad de prohibir a los estados que tomen medidas en la regulación de la IA podría frenar el avance en esta área crítica. Intenciones previas, como órdenes ejecutivas y propuestas similares, han estado diseñadas para obstaculizar los esfuerzos de los estados para abordar la regulación de la IA. Además, las organizaciones dedicadas al desarrollo de software de IA han invertido grandes cantidades en cabildeo para frenar estas iniciativas legales, lo que significa que una orden ejecutiva de este tipo podría abrir la puerta a un mayor apoyo a estos intereses desde el gobierno federal.
El debate acerca de la regulación de la inteligencia artificial se intensifica y, con ello, el futuro de la protección frente a los riesgos asociados a la IA se encuentra en una situación precaria.
