En Colombia, la alarmante tendencia del reclutamiento de jóvenes por grupos armados se ha intensificado, impulsada en gran medida por el uso de redes sociales. María, una madre que se enfrenta a la desesperante desaparición de su hijo, descubrió la conexión de este con un grupo violento a través de una conversación en Facebook. Allí, un pretendiente de su hijo le reveló que tenía planes de unirse a una organización criminal.
Las plataformas digitales han cambiado la forma en que estos grupos transmiten su ideología y atractivo. Videos en TikTok muestran lujos como fiestas, dinero y automóviles caros, usando emojis que aluden al narcotráfico. Esta imagen seductora contrasta con la dura realidad de muchos adolescentes de entornos humildes, quienes ven en el crimen una forma rápida de ascenso social.
El profesor Mario, que trabaja en una escuela rural, señala que el deseo de pertenencia y poder atrae a los jóvenes hacia estos grupos. «Quieren ser alguien en su territorio y piensan que la mejor forma de lograrlo es unirse a ellos», explica. Este deseo por una vida llena de emoción y riesgo va acompañado de una normalización de la violencia en su vida cotidiana.
La docente Diana, con más de dos décadas de experiencia, destaca el contexto de pobreza extrema que enfrentan muchos de estos jóvenes. En regiones donde el Estado no garantiza derechos básicos, los grupos armados aparecen como alternativas que prometen seguridad y un sentido de pertenencia. Este fenómeno se ha visto exacerbado por la digitalización.
Según un informe de la Jurisdicción Especial para la Paz, se han identificado diversas cuentas en redes sociales que promueven el reclutamiento de menores. En 2025, más de cien alegaciones fueron registradas, lo que representa un aumento del 64% respecto al año anterior. La falta de denuncias y el temor a represalias dificultan aún más la situación, manteniendo a las familias en un estado de vulnerabilidad.
El reclutamiento de menores no es un fenómeno nuevo; desde 1990, miles de niños y adolescentes han sido víctimas de esta violencia. La desmovilización de las FARC dejó un vacío de poder que otros grupos han ocupado, intensificando la lucha por el control territorial y las economías ilegales.
Este problema afecta especialmente a comunidades indígenas y afrodescendientes, donde la explotación de niños y niñas para labores de combate y fines sexuales se ha vuelto alarmantemente común. La situación exige un abordaje integral que contemple políticas públicas efectivas para prevenir el reclutamiento y apoyar la reintegración de las víctimas.
Frente a esta crisis, educadores en las zonas afectadas trabajan arduamente para ofrecer alternativas y un futuro esperanzador a estos jóvenes, aunque su labor se desarrolla en un entorno de constante amenaza por la violencia. Queda claro que se requieren respuestas estructurales que garanticen acceso a una educación de calidad y espacios seguros para el desarrollo de niños y jóvenes, transformando las escuelas en lugares de sanación en lugar de explotación.
