En un importante desarrollo, los sindicatos United Automobile Workers (UAW), Communications Workers of America (CWA) y American Federation of Teachers (AFT) han presentado hoy una demanda contra los Departamentos de Estado y Seguridad Nacional de Estados Unidos. La acción legal, titulada UAW contra el Departamento de Estado, busca detener un programa de vigilancia que consideran inconstitucional y que, según ellos, tiene como objetivo suprimir la libertad de expresión online.
Desde el inicio de la administración de Donald Trump, se ha implementado un programa de vigilancia masiva diseñado para monitorizar el discurso protegido constitucionalmente de los no ciudadanos en el país. Utilizando inteligencia artificial y otras tecnologías automatizadas, el gobierno intenta identificar y sancionar a quienes expresan opiniones no alineadas con sus intereses. Este enfoque ha creado un clima de intimidación pública, que afecta no solo a los inmigrantes, sino también a sus familiares y amigos.
Los datos provenientes de la denuncia son preocupantes: más del 60% de los miembros del UAW y más del 30% de los integrantes del CWA admitieron haber alterado su actividad en redes sociales debido a esta vigilancia. Entre los no ciudadanos, el impacto es aún más alarmante, con más del 80% de los miembros del UAW sin ciudadanía estadounidense indicando que han cambiado su comportamiento en línea.
Los testimonios son reveladores. Algunos han decidido no publicar, eliminar publicaciones o cerrar sus cuentas en respuesta a la vigilancia. Otros han optado por disminuir su participación en actividades sindicales, evitando identificarse públicamente o reducir su presencia en protestas.
Con el apoyo de organizaciones como la Electronic Frontier Foundation (EFF) y Muslim Advocates, los demandantes argumentan que el programa viola la Primera Enmienda y la Ley de Procedimiento Administrativo. Los líderes sindicales han manifestado su descontento, enfatizando que la represión del discurso coincide con un ataque fundamental a los principios democráticos en el país.
Shawn Fain, presidente de UAW, ha denunciado que esta vigilancia y los intentos de silenciar a los trabajadores amenazan no solo a los individuos, sino el concepto mismo de libertad en Estados Unidos. Claude Cummings Jr., presidente de CWA, ha subrayado que el movimiento laboral se basa en la libertad de expresión y de reunión sin temor a represalias gubernamentales, y que este programa desafía tales derechos.
Randi Weingarten, presidenta de AFT, criticó fuertemente el enfoque del gobierno, enfatizando que la libertad de expresión es esencial para la democracia y que la administración actual intenta restringir esta libertad a los discursos que considera aceptables.
Desde la EFF, se ha alertado sobre las capacidades sin precedentes de vigilancia que permiten el uso de herramientas automatizadas para revisar y analizar puntos de vista, lo que genera un efecto paralizante en la libertad de expresión.
Este caso no solo busca detener el programa de vigilancia, sino que también cuestiona el uso del poder gubernamental para silenciar disidencias y proteger derechos fundamentales en una sociedad diversa y democrática.
