Tener una buena calidad de aire no es barato, pero su inversión resulta vital y debe abordarse desde varios frentes. Los contaminantes atmosféricos provienen de múltiples fuentes, siendo el transporte el segundo sector más contaminante en Europa y el primero a nivel nacional. En la Unión Europea, el transporte representa el 25 % de las emisiones de gases de efecto invernadero, mientras que en España ese porcentaje asciende al 30 %.
Invertir en infraestructuras que reduzcan el transporte de mercancías por carretera, financiar nuevas flotas de vehículos y mejorar el control y la medición de los gases de los motores a combustión son acciones críticas. Aunque la ‘limpieza’ del aire no es barata, es esencial, dado que la contaminación atmosférica afecta no solo al medio ambiente, sino también a la salud humana, problema cada vez más evidenciado por la ciencia.
En una reciente entrevista con Covadonga Astorga, una experta del Centro Común de Investigación de la Comisión Europea (EC-JRC), se discutieron estos temas en el marco de la jornada ‘Ciencia para las políticas públicas’, celebrada en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Astorga, que trabaja en un laboratorio de emisiones de vehículos en Ispra, Italia, y cuyo centro somete a pruebas los motores de vehículos para medir los gases antes de que salgan al mercado, resaltó la importancia de estas mediciones para fundamentar la normativa europea y dirigir la industria hacia prácticas más sostenibles.
El JRC, con más de 3,000 empleados en cinco países europeos, proporciona asesoramiento científico independiente en temas como salud, emisiones, ciberseguridad e inteligencia artificial. El equipo de Astorga se especializa en pruebas de emisiones de vehículos, evaluando la liberación de gases y partículas antes de que los vehículos entren al mercado. Estas mediciones son esenciales para desarrollar la legislación y supervisar la producción industrial.
Sin embargo, factores económicos y conflictos bélicos pueden retrasar estas iniciativas. La inflación en la Zona Euro ha postergado la entrada en vigor de la normativa Euro 7, que permitirá medir las emisiones de gases contaminantes en condiciones reales, hasta 2027. Esta normativa allana el camino hacia 2035, año en que se planea cesar la fabricación de coches con motores a combustión en Europa.
En sus declaraciones, Astorga explicó que su función en el Joint Research Centre de Ispra consiste en dar soporte y asesoramiento científico a la Comisión Europea para la preparación y discusión de propuestas en cuanto a emisiones de transporte, como la normativa Euro 7. El JRC no solo desarrolla estas normativas, sino que también sigue la implementación de las políticas y vigila el cumplimiento de las mismas.
Astorga subrayó la importancia de tener un órgano de investigación dentro de la Comisión Europea, ya que permite anticipar problemas y proporcionar datos basados en evidencia científica, algo vital para la elaboración de políticas efectivas. Su trabajo también implica colaborar con Estados miembros y productores de vehículos, participando en reuniones globales auspiciadas por Naciones Unidas para discutir y elaborar reglamentaciones técnicas.
Astorga destacó que la normativa Euro 7 será crucial para el control de emisiones, ya que medirá las emisiones en condiciones reales de uso, una mejora significativa respecto a las mediciones de laboratorio actuales. Los sistemas de emisión portátiles permitirán registrar los niveles de óxidos de nitrógeno, CO2 y partículas en todo tipo de vías y condiciones de conducción.
En cuanto al futuro de la investigación en emisiones, Astorga mencionó que el JRC se está adaptando al creciente mercado eléctrico. La transición hacia vehículos eléctricos y la búsqueda de combustibles alternativos para camiones y aviones seguirán siendo áreas de interés.
Finalmente, Astorga reflexionó sobre los desafíos y la importancia de la comunicación científica en las decisiones políticas, resaltando que su esfuerzo está orientado a transmitir de manera efectiva la importancia de sus investigaciones a la sociedad, asegurando que los ciudadanos comprendan y se beneficien de los avances en esta materia.
