Un tribunal de Georgia ha dictaminado que la Atlanta Police Foundation (APF), una organización no lucrativa de carácter privado, tiene la obligación de cumplir con las solicitudes de acceso a documentos públicos según la Ley de Registros Abiertos del estado. Esta decisión marca un importante avance en la búsqueda de mayor transparencia en las operaciones gubernamentales, especialmente en lo que respecta a la colaboración entre la APF y el Departamento de Policía de Atlanta.
El litigio se originó el año pasado, cuando el Atlanta Community Press Collective (ACPC) y Lucy Parsons Labs (LPL), parte de la Alianza para la Frontera Electrónica, llevaron a cabo acciones legales tras la negativa de la APF a compartir información sobre su papel en la gestión del Cop City, un controvertido Centro de Entrenamiento en Seguridad Pública. Este proyecto ha suscitado un amplio debate entre diversos movimientos sociales y medioambientales de la región.
Además, se ha evidenciado que la APF, junto con otras organizaciones similares, apoya la financiación de tecnologías de vigilancia policial, lo que genera inquietudes sobre la falta de supervisión pública en estas prácticas. La fundación no solo administra el Centro de Entrenamiento, sino que también es responsable del Loudermilk Video Integration Center, lo que complica aún más la fiscalización de las actividades policiales.
La victoria de ACPC y LPL se produce en un contexto en el que, el pasado año, la Corte Suprema de Georgia falló que los contratistas privados que colaboran con entidades públicas están sujetos a las leyes de acceso a registros. Sin embargo, luego, se aprobó una legislación estatal que limitó la posibilidad de presentar solicitudes de documentos públicos hacia estas organizaciones.
Los abogados Joy Ramsingh, Luke Andrews y Samantha Hamilton representan a los demandantes en este caso, que ya había resultado en la liberación parcial de documentos en diciembre. La APF, aunque tiene la opción de apelar la decisión, deberá acatar las solicitudes de registros a partir de principios de julio si decide no recurrir la resolución.
Este fallo aporta una nueva esperanza para una mayor transparencia y rendición de cuentas en la forma en que las agencias gubernamentales contratan a entidades privadas para funciones públicas, permitiendo que periodistas y activistas tengan acceso a documentación que debería ser accesible para la ciudadanía.
