El Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, ha expresado su profunda preocupación ante la reciente tragedia en Gaza, donde al menos 31 palestinos perdieron la vida y alrededor de 150 resultaron heridos el pasado domingo mientras buscaban asistencia humanitaria. En un comunicado emitido este lunes, Guterres calificó como «inaceptable» que las personas se vean obligadas a arriesgar sus vidas en busca de alimento y ayuda.
Guterres hizo un llamado urgente para que se lleve a cabo una investigación inmediata e independiente sobre estos acontecimientos y exigió que los responsables sean llevados ante la justicia. Subrayó que Israel tiene obligaciones específicas bajo el derecho internacional humanitario que deben garantizar el acceso a la ayuda humanitaria, resaltando además la necesidad apremiante de restablecer el acceso a gran escala para satisfacer las enormes demandas de la población en Gaza.
El Secretario General también insistió en que las Naciones Unidas deben poder operar en un entorno seguro, asegurando el respeto a los principios humanitarios. Reiteró su petición para un alto el fuego inmediato, duradero y sostenible, así como la liberación incondicional de todos los rehenes, argumentando que esta es la única manera de garantizar la seguridad de todos los implicados en el conflicto.
En consonancia con sus declaraciones previas, Guterres reafirmó que la ONU no se involucrará en ningún plan de ayuda para Gaza que no cumpla con los estándares de humanidad, imparcialidad, independencia y neutralidad. En este sentido, la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) se ha pronunciado sobre el plan de distribución de ayuda respaldado por Israel y Estados Unidos, advirtiendo que no aborda adecuadamente las necesidades críticas de la población de la Franja de Gaza.
Jonathan Whittal, responsable de OCHA en los Territorios Palestinos Ocupados, alertó que el plan propuesto «va más allá del simple control de la ayuda». Según explicó, se trata de un sistema de racionamiento que se implementa a través de cuatro centros de distribución en el sur y centro de Gaza, que están bajo la vigilancia de contratistas de seguridad privados estadounidenses. Este enfoque ha sido considerado por Whittal como un mecanismo de «privación intencional» en un contexto en el que una parte significativa de la población, que incluye numerosos niños, enfrenta una crisis de supervivencia crítica.
