Esta semana, la Electronic Frontier Foundation (EFF) unió fuerzas con EDRi y casi 50 organizaciones de la sociedad civil para instar a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y a otros altos funcionarios de la UE a tomar medidas inmediatas para proteger los derechos humanos en Hungría. Este llamado cobra especial urgencia debido a la próxima marcha del Orgullo en Budapest, un evento que ha sido criminalizado por el gobierno húngaro. La utilización de tecnología de reconocimiento facial en tiempo real para identificar a los participantes plantea serias preocupaciones sobre la violación de derechos fundamentales, como la libertad de expresión y de reunión.
Desde el 15 de abril, un nuevo paquete de enmiendas ha habilitado en Hungría el uso del reconocimiento facial para identificar a los manifestantes en protestas que han sido catalogadas como ‘prohibidas’, incluyendo aquellas relacionadas con la comunidad LGBTQ+. Las sanciones que conllevan estas medidas son severas, incluyendo multas desproporcionadas y posibilidades de encarcelamiento, lo cual contraviene las disposiciones de la Ley de Inteligencia Artificial de la UE, que prohíbe el reconocimiento facial en contextos de manifestación.
Los cambios legislativos fueron aprobados de manera acelerada por el Parlamento húngaro en marzo, sin realizarse una consulta pública. Estas decisiones representan una violación explícita de la Ley de IA de la UE y de la Carta de Derechos Fundamentales. A pesar de que muchas organizaciones han solicitado a la Comisión Europea que tome medidas provisionales para abordar estas violaciones, hasta la fecha no han recibido respuesta, lo que alimenta una creciente preocupación.
El ataque a la comunidad LGBTQ+ en Hungría es considerado un ataque a los derechos de todos los ciudadanos del país. En su misiva, las organizaciones demandan que se inicien procedimientos de infracción por cualquier nueva violación de la legislación de la UE, sobre todo en relación con el artículo 5 de la Ley de IA. Asimismo, exigen que se implementen medidas provisionales ante la violación continua de la ley anti-LGBT de 2021, que es utilizada como base legal para prohibir concentraciones públicas relacionadas con la comunidad LGBTQIA+, como la marcha del Orgullo en Budapest.
Es indiscutible que la Comisión Europea tiene la responsabilidad de salvaguardar los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, incluidas las personas de la comunidad LGBTQ+ en Hungría y en toda la Unión. Esto incluye garantizar la seguridad y el derecho a la manifestación pacífica de quienes deseen participar en la marcha del Orgullo. Si la Comisión no actúa con rapidez para proteger estos derechos, corre el riesgo de socavar los valores fundamentales de la Unión Europea.
