El 13 de agosto, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, tomó la controvertida decisión de promulgar una ley que otorga amnistía a miembros de las fuerzas de seguridad y de comités de autodefensa involucrados en crímenes graves contra los derechos humanos durante el conflicto armado interno que abarcó desde 1980 hasta 2000. Esta nueva legislación no solo exime de responsabilidades a quienes hayan sido condenados por delitos relacionados con dicho conflicto y que tengan más de 70 años, sino que también ha suscitado una fuerte oposición internacional.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, manifestó su preocupación ante esta normativa, considerándola un grave retroceso en la búsqueda de justicia por violaciones de derechos humanos ocurridas durante este periodo. Türk enfatizó que la ley transgrede estándares internacionales y representa un agravio para las miles de víctimas que demandan verdad, justicia, reparaciones y garantías de no repetición, en lugar de impunidad. Además, advirtió que la amnistía podría afectar cientos de casos, tanto ya resueltos como aquellos en curso.
El funcionario también recordó que las leyes internacionales a las que Perú está sujeto prohíben explícitamente las amnistías y la prescripción de violaciones graves a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Durante el conflicto interno, se registraron atrocidades como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas y violencia sexual, constituyendo crímenes de guerra que no deben quedar impunes.
Datos de la Comisión de la Verdad y Reconciliación indican que alrededor de 70,000 personas perdieron la vida en este conflicto, con un 30% de las muertes atribuidas a agentes del Estado y más de 20,000 personas desaparecidas. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú ha informado que los tribunales han dictado sentencias en 150 casos relacionados y que más de 600 aún aguardan resolución.
Ante esta situación, el Alto Comisionado de la ONU ha instado a la anulación de la ley, subrayando la necesidad de revertir el retroceso en la búsqueda de justicia y reconciliación de forma urgente. La ley de amnistía ha encontrado respaldo en el partido Fuerza Popular, liderado por la hija del ex presidente Alberto Fujimori, quien cumple condena por delitos de derechos humanos y corrupción. Fujimori, que estuvo en prisión durante doce años, fue indultado en 2017, aunque su indulto fue posteriormente revocado por la Corte Suprema. Finalmente, fue liberado en diciembre de 2023 por el actual gobierno.
