A finales de julio de 2025, 4,34 millones de ciudadanos no pertenecientes a la Unión Europea que huyeron de Ucrania debido a la guerra de agresión rusa contaban con estatus de protección temporal en la UE. Este fenómeno pone de relieve no solo un desafío humanitario considerable, sino también una respuesta colectiva de los países europeos ante la crisis.
Alemania se sitúa como el país con el mayor número de beneficiarios de esta protección, al albergar a 1.203.715 personas, lo que equivale al 27,7% del total en la UE. Polonia y Chequia le siguen, con 993.665 y 380.680 beneficiarios, respectivamente. Esta situación resalta no solo el compromiso humanitario de estos países, sino también la carga que algunos han asumido en un contexto de crisis prolongado.
El número total de personas bajo protección temporal ha visto un incremento de 28.695 en comparación con finales de junio de 2025, lo que representa un aumento del 0,7%. Este crecimiento ha sido dispar entre los países de la UE, siendo Alemania el que más nuevos beneficiarios ha sumado con 7.070 (+0,6%), seguido por Rumanía con 2.300 (+1,2%) y Chequia con 2.260 (+0,6%).
La distribución de los beneficiarios de protección temporal muestra patrones significativos. Chequia destaca con una proporción de 34,9 por cada mil habitantes, la más alta en la UE, seguida de Polonia y Estonia con 27,2 y 25,3, respectivamente. La media en la UE es de 9,6 por cada mil.
Más del 98,4% de quienes han recibido protección temporal son ciudadanos ucranianos. Dentro de este grupo, un 44,7% son mujeres adultas, y casi un tercio (31,2%) son menores. Por otro lado, los hombres adultos constituyen cerca del 24,2% de los beneficiarios.
La base de este mecanismo de protección se establece en la Decisión de Ejecución del Consejo 2022/382, adoptada el 4 de marzo de 2022, que reconoce el flujo masivo de personas desplazadas a causa del conflicto. Esta decisión ha sido respaldada por la extensión de la protección temporal acordada por el Consejo Europeo el 13 de junio de 2025, que prolonga el estatus hasta el 4 de marzo de 2027.
Este contexto suscita interrogantes sobre las capacidades de acogida y la sostenibilidad de este modelo de protección en el futuro, a medida que la situación en Ucrania evoluciona y Europa enfrenta sus propios retos sociales y económicos.
