La Comisión Europea ha dado un paso significativo hacia la regulación de las redes sociales al publicar sus directrices bajo el Artículo 28 de la Ley de Servicios Digitales, lo que ha suscitado preocupación respecto a cómo estas medidas pueden afectar los derechos de privacidad, expresión y participación de los jóvenes. Estos derechos están protegidos por las leyes internacionales de derechos humanos, y la Electronic Frontier Foundation (EFF) ha presentado comentarios a la consulta de la Comisión, enfatizando que la seguridad en línea de los jóvenes debe abarcar su privacidad y seguridad, sin sacrificar su libertad de expresión ni el acceso equitativo a los espacios digitales.
El Artículo 28 exige a las plataformas en línea que implementen medidas adecuadas para garantizar un alto nivel de seguridad y protección para los menores. A su vez, prohíbe la publicidad personalizada dirigida a este grupo etario, lo que implica que las plataformas deben conocer la edad de sus usuarios. Aunque la Ley de Servicios Digitales reconoce la tensión entre asegurar la privacidad de los menores y la necesidad de verificación de edad, no ofrece soluciones claras y sugiere que los proveedores de servicios no deben ser incentivados a recoger datos sobre la edad de sus usuarios.
La cuestión de los métodos de verificación de edad es crucial para entender las obligaciones de las plataformas en la protección de los menores. La EFF ha expresado serias preocupaciones en torno a estos métodos, ya que muchas estrategias implican el uso de documentos de identidad emitidos por el gobierno, que grupos como migrantes y personas marginadas pueden no tener. Además, métodos alternativos como la estimación biométrica de la edad requieren el procesamiento de grandes volúmenes de datos personales, lo que puede resultar en discriminación y errores.
Las directrices también abordan el concepto de «diseño apropiado para la edad» en los servicios en línea, sugiriendo que ciertas configuraciones predeterminadas y una moderación efectiva de contenido podrían beneficiar a todos los usuarios. Sin embargo, la interpretación reciente de la Comisión indica que las restricciones de acceso basadas en la edad podrían ser necesarias para garantizar la privacidad y seguridad de los menores.
Esta posición ha sorprendido a muchos en Bruselas, donde se consideraron las prohibiciones de redes sociales, como las implementadas en Australia, como desproporcionadas. La presión de Estados miembros como Francia y Grecia ha llevado a la Comisión a permitir la posibilidad de leyes nacionales sobre límites de edad para ciertos servicios.
La propuesta de utilizar la verificación de edad como una medida proporcionada en situaciones donde se identifiquen riesgos para la privacidad o seguridad de los menores genera inquietud. Podría establecer un mandato legal amplio para estas medidas, lo que plantea la preocupación de que tales prohibiciones no harán que Internet sea un lugar más seguro para los jóvenes. Exclusiones de este tipo pueden llevar a que los adolescentes busquen formas de eludir las restricciones, quedando sin las protecciones adecuadas y experiencias apropiadas para su edad.
