En una reciente resolución, el Consejo de Seguridad de la ONU ha decidido extender por un año el mandato de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, aunque con cambios significativos en sus funciones. Esta modificación excluye las sanciones restaurativas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la supervisión del Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz firmado en 2016 entre el Gobierno colombiano y las FARC.
El nuevo mandato mantendrá la verificación del capítulo sobre reforma rural integral, uno de los aspectos más rezagados en su implementación. Además, se supervisará la reintegración de excombatientes de las FARC y las garantías de seguridad para las comunidades en las zonas afectadas por el conflicto.
La resolución, impulsada por el Reino Unido, fue aprobada con 13 votos a favor, mientras que Estados Unidos y Rusia se abstuvieron, lo que marca una fractura en el apoyo unánime que había caracterizado la misión en sus ocho años de existencia. A diferencia de las renovaciones anteriores, la redacción de este nuevo documento fue objeto de semanas de negociaciones, durante las cuales Estados Unidos expresó su desacuerdo sobre lo que consideró un enfoque ideológico que había desviado a la misión de su propósito original.
El embajador de EE. UU. ante la ONU, Michael Waltz, argumentó que su país “ya no quiere ceder en su posición en materia de paz y seguridad”, señalando que la misión había excedido su mandato original. No obstante, reafirmó el compromiso de Estados Unidos con la paz y la justicia en Colombia, aunque criticó la duración y sostenibilidad de las misiones de la ONU.
Por su parte, el embajador ruso, Vasily Nebenzya, justificó su abstención alegando que la eliminación de funciones esenciales podría crear un vacío en áreas críticas como la verdad y la justicia. Resaltó que la misión en Colombia es una de las más económicas del organismo.
Varios países, como China, Panamá, Argelia y Guyana, expresaron su apoyo a la resolución, pero hicieron hincapié en la necesidad de mantener las funciones relacionadas con la justicia transicional y el Capítulo Étnico, acusando a EE. UU. de haber impulsado la reducción del mandato.
La embajadora de Colombia ante la ONU, Leonor Zalabata, reafirmó el compromiso del país con la implementación del Acuerdo de Paz, enfatizando que esta es una obligación estatal que debe ser sostenida a pesar de los cambios de gobierno. Expresó su preocupación por la eliminación de las funciones relacionadas con justicia transicional y el enfoque étnico, subrayando que la paz solo es viable de forma inclusiva.
De aquí en adelante, la Misión de la ONU se concentrará en tres áreas clave: la reincorporación política, económica y social de los exintegrantes de las FARC; las garantías de seguridad para los firmantes de paz, y la reforma rural integral. Estos elementos son considerados esenciales para avanzar hacia una paz sostenible en Colombia, pero la modificación del mandato se produce en un contexto de crecientes tensiones entre Washington y Bogotá, justo cuando el nuevo jefe de la misión, Miroslav Jenča, asume su cargo.
