Entre julio y septiembre de 2023, al menos 52 presos han perdido la vida en las cárceles de Haití, un país que se encuentra inmerso en una profunda crisis humanitaria, política y de seguridad. La ONU ha calificado las condiciones carcelarias como “inhumanas y degradantes”, señalando que las muertes se deben a la falta de atención médica adecuada, condiciones de vida insalubres, escasez de alimentos y acceso limitado a agua potable.
La situación en Haití se complica por la violencia extrema que ejercen las bandas delictivas, las cuales controlan gran parte del territorio, creando un entorno de hacinamiento en las prisiones. En este momento, más de 7,200 personas, incluidos menores, están recluidas, con un alarmante 82% de la población carcelaria en detención preventiva, muchas de ellas esperando juicios que no llegan debido a un sistema judicial colapsado.
Los problemas del sistema penitenciario se agravan por la corrupción que impide la adecuada asignación de recursos destinados a alimentar y proveer la atención médica de los presos. Algunas prisiones albergan hasta tres veces más internos de lo que fueron diseñadas para acomodar, generando condiciones de hacinamiento extremo.
William O’Neill, experto de la ONU en derechos humanos, ha descrito las condiciones en las prisiones haitianas como “francamente infrahumanas”. Su informe revela que los internos sobreviven en celdas abarrotadas con escaso acceso a luz, aire y agua. Muchas muertes han sido provocadas por enfermedades que, en otras circunstancias, no deberían haber resultado fatales. Un caso representativo es el de un preso que lleva dos años esperando juicio por el robo de unos zapatos, lo que subraya la ineficiencia del sistema.
La violencia en Puerto Príncipe, donde las bandas dominan hasta el 90% del territorio, ha llevado al cierre de numerosos tribunales, empeorando la crisis del sistema judicial. Además, ataques a las principales cárceles han resultado en la fuga de unos 4,600 reclusos, muchos de los cuales se han reintegrado a las pandillas.
Ante esta alarmante situación, las Naciones Unidas han comenzado a implementar esfuerzos para reformar el sistema penitenciario y mejorar las condiciones de vida de los detenidos. Estas iniciativas contemplan el apoyo a fiscales y jueces, formación para policías y funcionarios de prisión, así como la rehabilitación de centros de detención, que ahora cuentan con instalaciones básicas como letrinas y acceso a agua potable.
Sin embargo, O’Neill advierte sobre la necesidad de resultados sostenibles, subrayando que la asistencia de la ONU debe buscar una mejora tangible en el sistema de justicia, que hasta ahora ha demostrado ser incapaz de abordar la crisis persistente.
