Un reciente informe ha sacado a la luz que el gobierno de Estados Unidos, a pesar de haber cambiado el nombre de un polémico programa de monitoreo de redes sociales dirigido a inmigrantes y visitantes extranjeros, sigue destinando más de 100 millones de dólares para mantener esta vigilancia. La Electronic Frontier Foundation (EFF) obtuvo registros que muestran que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) han continuado con el esfuerzo inicialmente conocido como «exámenes exhaustivos». Este programa tiene como objetivo evaluar posibles amenazas por parte de inmigrantes mediante el monitoreo de su actividad en internet y redes sociales, y ha sido rebautizado como la Iniciativa de Evaluación del Ciclo de Vida de Visas.
La revelación de estos detalles fue posible después de que EFF interpusiera una demanda en 2022 para obtener información sobre la continuidad del programa, que fue instaurado durante la administración de Donald Trump y ha continuado bajo la presidencia de Joseph Biden. Aunque el programa se ha renombrado, sigue generando serias preocupaciones en torno a la libertad de expresión y la Primera Enmienda, ya que podría cohibir a quienes desean ingresar al país al permitir a los funcionarios actuar contra aquellos que expresen opiniones desfavorables hacia el gobierno de EE.UU.
Los documentos indican que uno de los objetivos del programa es buscar «información despectiva» sobre los solicitantes de visa y otros visitantes, lo cual podría abarcar cualquier comentario crítico hacia el gobierno estadounidense. Desde EFF se ha hecho un llamado para que el DHS detenga este tipo de vigilancia, advirtiendo que puede llevar a etiquetar injustamente a individuos como amenazas y causar discriminación en base a sus opiniones personales.
Además, los registros incluyen correos electrónicos que revelan esfuerzos por parte del gobierno para cambiar la percepción pública del programa. Un funcionario de ICE reconoció que, tras recibir críticas de distintos sectores y del Congreso, se decidió modificar el nombre original del programa.
El contrato que financia el programa fue otorgado a SRA International, Inc., una contratista gubernamental ahora propiedad de General Dynamics tras una fusión. El monto total del contrato asciende a 101,155,431.20 dólares. También se han registrado intentos de otras empresas de objetar la decisión del DHS, aunque muchos de los detalles sobre estas acciones han sido censurados.
La EFF ha iniciado además un desafío legal contra una práctica del Departamento de Estado que obliga a los solicitantes de visa a registrar sus cuentas de redes sociales, considerado un requerimiento invasivo y discriminatorio. Toda la documentación relacionada con esta cuestión está disponible en línea, permitiendo mayor transparencia sobre este controvertido aspecto de las políticas de inmigración y seguridad nacional de Estados Unidos.
