La Comisión Europea ha dado un paso significativo en la protección de menores en línea al presentar directrices preliminares bajo el Artículo 28 de la Ley de Servicios Digitales (DSA). Recientemente, la Electronic Frontier Foundation (EFF) envió comentarios a la consulta de la Comisión, haciendo hincapié en que la seguridad en Internet para los jóvenes no debe comprometer su privacidad, libertad de expresión ni acceso igualitario a los espacios digitales.
La EFF respalda el compromiso de la Comisión con la proporcionalidad y las protecciones basadas en derechos, así como el esfuerzo por incluir las voces de los jóvenes en la elaboración de estas directrices. No obstante, también han expresado su preocupación ante la creciente dependencia de tecnologías invasivas de verificación y aseguramiento de la edad, que a menudo conducen a la vigilancia, discriminación y censura.
Los sistemas de verificación de edad suelen depender de documentos de identidad expedidos por el gobierno o datos biométricos, lo que plantea riesgos significativos para la privacidad y excluye a millones de personas sin documentación formal. De igual manera, los métodos de estimación de edad son problemáticos, especialmente para grupos marginados, debido a su inexactitud y al uso frecuente de datos sensibles de comportamiento o biométricos. Además, mandatos vagos para proteger contra “estándares de belleza poco realistas” o “contenido potencialmente riesgoso” pueden llevar a restricciones indebidas de expresiones legítimas, afectando desproporcionadamente a usuarios vulnerables, incluidos jóvenes LGBTQ+.
Al centrar la atención de manera desproporcionada en la verificación de edad, estas directrices no abordan las causas fundamentales de los riesgos que enfrentan todos los usuarios, incluidos los menores, limitándose a tratar sus síntomas. Si bien es crucial implementar medidas de seguridad, también deben considerarse la privacidad, el acceso a la información y los derechos fundamentales de todos los usuarios. La EFF insta a la Comisión a evitar soluciones técnicas desproporcionadas y universales. En cambio, sugieren enfoques que empoderen al usuario, como configuraciones de privacidad predeterminadas robustas, transparencia en los sistemas de recomendación y un control sólido sobre el contenido que los usuarios ven y comparten.
La Ley de Servicios Digitales representa una oportunidad para proteger a los menores sin sacrificar sus derechos digitales. Se espera que las directrices finales reflejen este delicado equilibrio.
