El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, ha manifestado su profunda preocupación por las sanciones impuestas por el Gobierno de Estados Unidos a jueces de la Corte Penal Internacional (CPI). Estas medidas, calificadas por Türk como «profundamente corrosivas para el buen gobierno y la debida administración de justicia», fueron anunciadas por el secretario de Estado, Marco Rubio, en respuesta a las órdenes de detención emitidas por la CPI contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y Yoav Gallant, el exministro de Defensa, por su supuesta implicación en crímenes de guerra en Gaza.
Türk ha señalado que la decisión de sancionar a jueces de diferentes nacionalidades, entre ellos juezas de Benín, Perú, Eslovenia y Uganda, que participaron en resoluciones sobre la situación en Afganistán y Palestina, es alarmante. Ha instado a la rápida reconsideración y retirada de estas sanciones, argumentando que atacan la independencia judicial y contradicen los principios del estado de derecho, un valor que Estados Unidos ha defendido históricamente.
La CPI también ha expresado su inquietud, describiendo las sanciones como un claro intento de socavar la independencia de una institución que cuenta con el respaldo de 125 Estados miembros. Este organismo ha advertido que tales medidas obstaculizan los esfuerzos internacionales para asegurar la rendición de cuentas por crímenes graves y erosionan el compromiso global con el estado de derecho.
Por otro lado, la Oficina Regional de Derechos Humanos en los Territorios Palestinos Ocupados ha denunciado la creciente violencia del ejército israelí contra periodistas en Gaza, una de las regiones más peligrosas del mundo para el ejercicio de esta profesión. Un reciente ataque al Hospital Al Ahli, ocurrido el 5 de junio, resultó en la muerte de al menos cuatro periodistas y dejó a otros tres heridos, lo que evidencia un preocupante patrón de ataques selectivos.
Desde el 7 de octubre de 2023, se han documentado 227 muertes de periodistas palestinos de diversas nacionalidades. Las restricciones impuestas a periodistas extranjeros en Gaza sugieren un intento deliberado por parte de Israel de controlar la narrativa acerca de los efectos de sus acciones militares y la crítica crisis humanitaria.
Adicionalmente, los continuos ataques contra hospitales en Gaza están llevando al colapso del sistema de salud, poniendo en grave riesgo la vida de civiles que requieren atención médica. La intensidad de los enfrentamientos y las órdenes de desplazamiento han inhabilitado a varios hospitales cruciales en la región, lo que plantea serias cuestionamientos sobre el cumplimiento de Israel con sus obligaciones internacionales y su desprecio por el bienestar de la población civil.
