El representante especial del Secretario General de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, ha emitido un llamado urgente al Consejo de Seguridad sobre la creciente amenaza de retroceso en la reducción de la violencia política en el país, un aspecto fundamental del Acuerdo de Paz firmado en 2016. En su intervención, Ruiz Massieu hizo referencia al reciente atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido el 7 de junio, que ha conmocionado a la sociedad colombiana y ha reabierto heridas del pasado político violento de la nación.
Ruiz Massieu expresó la necesidad de erradicar la violencia del ejercicio político y respaldó una iniciativa de la Defensoría del Pueblo para que líderes y partidos firmen compromisos que aseguren un proceso electoral pacífico. Destacó que los avances en la implementación del Acuerdo son fruto del trabajo conjunto de gobiernos pasados y la activa participación de la sociedad civil, así como el compromiso de los firmantes del acuerdo.
El período electoral, que culminará en marzo de 2026, podría intensificar las divisiones políticas en el país. Ruiz Massieu subrayó la importancia de mantener la cooperación y la unidad entre los distintos sectores políticos, especialmente ante la inminente emisión de sanciones por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), un acontecimiento que marcará un hito en el sistema de justicia transicional de Colombia.
El representante de la ONU también mencionó la necesidad de centrar las negociaciones con grupos armados en un enfoque más local, dado que la fragmentación de estas organizaciones ha cambiado la dinámica de los diálogos. Expresó que es crucial que estas conversaciones busquen resultados tangibles que beneficien a las comunidades más afectadas por la violencia.
A pesar de los esfuerzos, persisten desafíos significativos en la implementación del Acuerdo, especialmente en regiones con escasa presencia estatal y donde los beneficios de la paz son aún limitados. Este vacío ha propiciado el resurgimiento de grupos armados y economías ilícitas, lo que a su vez alimenta nuevos ciclos de violencia.
Los datos más recientes indican que la violencia continúa afectando gravemente a la población civil, particularmente en comunidades indígenas y afrocolombianas, así como a excombatientes y líderes sociales. Entre enero y junio de 2025, las cifras revelan un alarmante número de asesinatos y desapariciones, con 34 homicidios de líderes sociales registrados en el primer semestre, aunque este número muestra una leve disminución respecto a años anteriores.
El Secretario General de la ONU ha instado a aprovechar el tiempo restante del mandato del actual Gobierno para promover la plena implementación del Acuerdo, subrayando que la falta de financiamiento adecuado representa una amenaza para el proceso de paz. A pesar de los desafíos que enfrenta Colombia, la implementación del Acuerdo de Paz de 2016 sigue siendo esencial para cimentar un futuro en paz.
