En un importante avance hacia la transparencia en el ámbito de la vigilancia gubernamental, la empresa contratista Pen-Link ha acordado revelar los precios y descripciones de sus productos de vigilancia vendidos a la oficina del sheriff del condado de San Joaquín, en California. Este acuerdo pone fin a una demanda de registros públicos que se había prolongado durante meses, impulsada por la Electronic Frontier Foundation (EFF) y el sheriff local. La resolución del caso subraya que las herramientas de vigilancia utilizadas por las autoridades no deben ser consideradas secretas bajo la ley.
El año pasado, la EFF presentó una solicitud a la oficina del sheriff para obtener información sobre su relación con Pen-Link y Cobwebs Technology, una subsidiaria de la primera. La empresa llevó el caso a juicio alegando que los nombres de sus productos y precios eran secretos comerciales, pero la EFF intervino para obtener los registros solicitados.
Los documentos revelados indican que en 2023, la oficina del sheriff gastó 180,000 dólares en una suscripción de dos años a la plataforma «Tangles» de Cobwebs. Este producto permite al sheriff llevar a cabo un seguimiento de actividades en línea, realizando múltiples búsquedas cada mes y accediendo a información de la «Dark Web» entre otras fuentes. A pesar de que se le ofrecieron complementos adicionales, como el procesamiento de imágenes con inteligencia artificial, el sheriff decidió no adquirirlos.
La plataforma de inteligencia se ha descrito como capaz de analizar información de la web abierta, profunda y oscura, así como datos basados en localización. Informes previos han indicado que la tecnología de Pen-Link podría ser utilizada para dirigirse a activistas y periodistas independientes, lo que resalta la necesidad de vigilancia sobre su uso.
Además, los registros también muestran que en 2022, la oficina del sheriff adquirió productos adicionales de Pen-Link, destinados a ayudar a las fuerzas del orden en la ejecución y análisis de datos de intercepciones telefónicas, una práctica que requiere aprobación judicial.
La importancia de la transparencia en el uso de herramientas de vigilancia es crucial, ya que el público tiene derecho a conocer los métodos empleados por sus gobiernos, independientemente de si son desarrollados o adquiridos. Esta información es fundamental para facilitar debates informados sobre el funcionamiento gubernamental en las comunidades.
Pen-Link defendió su postura argumentando que los precios eran secretos comerciales debido a la confianza de los gobiernos en la confidencialidad de sus capacidades analíticas. Sin embargo, esta percepción ha demostrado ser problemática, puesto que la información ya era accesible en diversas plataformas y documentos oficiales en internet.
El caso resalta los riesgos y las repercusiones políticas que enfrentan las empresas que intentan ocultar información sobre sus ventas a organismos de seguridad. Las acciones legales que obstruyen el acceso a registros públicos pueden limitar el derecho a la información, especialmente considerando que no todos los ciudadanos tienen los recursos para litigar solicitudes.
Este acuerdo es, en definitiva, una victoria para la transparencia y reafirma el compromiso de la EFF de seguir trabajando en la divulgación de información relacionada con la vigilancia.
