La crisis humanitaria en Darfur está alcanzando niveles alarmantes. Según informes recientes de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, entre el 11 y el 20 de agosto, las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) han asesinado a alrededor de 90 civiles en el oeste de Sudán, en lo que se califica como una serie de masacres. Estos incidentes ocurrieron principalmente en el campamento de Abu Shouk y en El Fasher, la capital de Darfur del Norte, que actualmente está bajo control del ejército nacional.
De los 89 asesinatos documentados, 16 fueron catalogados como ejecuciones sumarias, siendo el campamento de desplazados el lugar con mayor número de víctimas. Se ha detectado una clara dimensión étnica en algunos de los crímenes, lo que genera temores de una posible intensificación de la violencia comunitaria. En Abu Shouk, la mayoría de las víctimas pertenecían a la tribu Zaghawa, mientras que un hombre fue abatido tras identificarse como parte de la tribu Berti.
El portavoz de la ONU ha calificado estos asesinatos como graves violaciones del derecho internacional humanitario, enfatizando que deben cesar de inmediato. La situación se complica aún más con el secuestro de al menos 40 hombres desplazados en los recientes ataques, lo que aumenta la urgencia de atención humanitaria en El Fasher. La región se enfrenta a un riesgo creciente de hambruna, exacerbado por un año de asedio, mientras que un convoy humanitario de la ONU también fue atacado recientemente.
En el ámbito de la salud, la propagación del cólera agrava la crisis. La Organización Mundial de la Salud ha reportado más de 100.000 infecciones y más de 2.700 muertes en al menos 18 estados sudaneses desde julio de 2024. Niños menores de cinco años son los más afectados, en un contexto donde hasta el 38% de las instalaciones sanitarias están inoperativas debido al conflicto y los desplazamientos. La vacunación infantil ha descendido drásticamente y la desnutrición aguda se ha incrementado, con alrededor de 20.000 niños ingresados por esta causa en lo que va del año. El reciente aumento de ataques contra instalaciones médicas en todo el país ha puesto en riesgo la asistencia a quienes más la necesitan.
