En 2024, las Naciones Unidas documentaron aproximadamente 4,500 casos de violencia sexual relacionada con conflictos, aunque se estima que la cifra real podría ser mucho mayor. Este alarmante dato indica que un 93% de las víctimas son mujeres y niñas, quienes enfrentan una de las formas más devastadoras de agresión en medio de crisis bélicas. La violencia sexual en estos contextos está reconocida por el derecho internacional como un crimen de guerra y un acto que puede constituir genocidio, lo que afecta profundamente los esfuerzos por lograr una paz duradera.
Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Sexual en los Conflictos, la ONU ha resaltado los efectos perdurables e intergeneracionales de estas atrocidades. La violencia sexual se utiliza frecuentemente como una táctica de guerra diseñada para aterrorizar, castigar y humillar a la población civil. «Se utiliza para aterrorizar, castigar, pero también para humillar», indicó Esméralda Alabre, coordinadora de la respuesta a la violencia de género en Sudán.
El daño no se limita solo a las supervivientes; estas agresiones son utilizadas para fracturar comunidades y socavar la cohesión social, profundizando las divisiones y el miedo entre los habitantes. En Haití, por ejemplo, se ha reportado que algunas bandas obligan a familiares a violar a sus propias madres y hermanas, reflejando el uso estratégico de la violencia sexual para destruir los lazos comunitarios. Pascale Solages, fundadora de una organización feminista en el país, ha señalado que los cuerpos de las mujeres se convierten en campos de batalla, mientras que las supervivientes viven con el trauma y el estigma derivados de estos actos.
El trauma generado por la violencia sexual también impacta de manera intergeneracional. Muchas víctimas enfrentan un estigma que las aísla de sus comunidades y a menudo se ven obligadas a criar solas a los hijos nacidos de la violación. El Secretario General de la ONU, António Guterres, ha enfatizado la necesidad de enfrentar estos horrores del pasado para romper el ciclo de violencia que afecta a múltiples generaciones.
Las supervivientes tienen derechos a la seguridad, al apoyo, pero también a la justicia y la reparación. Sin embargo, muchos agresores permanecen en libertad, mientras que las víctimas cargan con el estigma. Los recortes en la ayuda humanitaria han dificultado la disponibilidad de servicios de apoyo, obstaculizando los esfuerzos de recuperación y protección para las supervivientes.
A medida que se cierran espacios seguros y se limitan los recursos, la posibilidad de exigir justicia a los agresores se vuelve cada vez más remota. En Sudán, por ejemplo, la oficina del UNFPA tuvo que cerrar 40 refugios solo en marzo, agravando la situación de mujeres y niñas afectadas. Las intervenciones comunitarias y el apoyo a la educación de los niños son esenciales en esta lucha, ya que la inversión en la recuperación de las mujeres es vital para asegurar un futuro más seguro para todos.
