La representante especial sobre la violencia sexual en los conflictos, Pramila Patten, presentó este martes ante el Consejo de Seguridad un informe crítico sobre la violencia sexual en contextos de conflicto, destacando la urgente necesidad de apoyo para los sobrevivientes en regiones donde los servicios son cada vez más inaccesibles. La situación en 2024 ha empeorado, con más de 4,600 casos reportados, lo que implica un incremento del 25% en comparación con el año anterior. Patten indicó que estas cifras son solo la parte visible del problema, ya que reflejan únicamente los casos verificados por la ONU.
La violencia contra los niños ha registrado un aumento del 35%, afectando incluso a menores de un año. El informe aborda 21 situaciones alarmantes, señalando que los niveles más altos de violencia se encuentran en la República Centroafricana, la República Democrática del Congo, Haití, Somalia y Sudán del Sur. Entre las preocupantes tendencias, se destaca que las mujeres y niñas refugiadas y desplazadas son especialmente vulnerables, y que la inseguridad alimentaria ha incrementado este riesgo. Además, se ha observado que grupos armados utilizan la violencia sexual como herramienta de control territorial y reclutamiento.
Patten subrayó que el gasto militar global en un solo día supera los presupuestos anuales asignados a la lucha contra estas violencias. Los recortes en fondos han llevado al cierre de refugios y a la escasez de suministros esenciales en crisis como las de Sudán, Ucrania, Etiopía y Gaza. «Si nos tomamos en serio la paz, debemos financiar a las instituciones que la hacen posible», afirmó, haciendo hincapié en la necesidad de que los responsables de estos actos sean llevados ante la justicia.
Finalmente, enfatizó que su Oficina busca promover el cumplimiento de las normas y mejorar la prestación de servicios, así como fortalecer las salvaguardias contra la impunidad. Preside una red interagencial llamada UN in Action, que ha logrado llegar a miles de sobrevivientes en 18 zonas de conflicto, evidenciando que cualquier retroceso en las inversiones y en el respeto a las normas traicionaría a las víctimas y alentaría a los perpetradores a continuar con sus actos.
