Colombia se enfrenta a una realidad alarmante marcada por la violencia y la presencia creciente de grupos armados ilegales. En este contexto, la situación de los defensores de los derechos humanos y líderes sociales se torna cada vez más riesgosa. La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha puesto de manifiesto estas preocupaciones en su reciente informe sobre la situación de los derechos en el país.
La labor de esta oficina, fundamental en la coyuntura actual, se verá severamente afectada por la falta de recursos. Ante esta crisis financiera, se ha decidido cerrar tres de sus oficinas en Colombia, lo que reducirá considerablemente su presencia territorial. Durante la presentación ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Maarit Kohonen Sheriff, directora de la División de Operaciones Globales, informó que desde julio de 2023, la oficina ha enfrentado dificultades económicas que han limitado su capacidad de respuesta. La finalización de las contribuciones de diversos donantes, prevista para el año 2025, acentuará esta crisis, resultando en el cierre de las oficinas en Medellín, Neiva y Villavicencio, afectando la cobertura de ocho departamentos y poniendo en riesgo el empleo de casi la mitad del personal.
Las comunidades ya comienzan a sentir el impacto de estos cierres, lo que ha provocado angustia y preocupación entre los habitantes de las zonas afectadas. Algunos de ellos se han mostrado visiblemente afligidos por la noticia. Kohonen Sheriff advirtió que la reducción de la protección en áreas donde operan actores armados no estatales incrementará las amenazas a los defensores de derechos humanos y limitará la asistencia técnica a la Policía, un aspecto clave para evitar el uso desmedido de la fuerza.
El informe también hace un llamado urgente al gobierno colombiano para asegurar el financiamiento necesario que permita a la oficina continuar con sus actividades en el país. Además, recalca la importancia de que la ONU apoye procesos cruciales para la paz y los derechos humanos. Se destaca la necesidad de reforzar el apoyo a la implementación del Acuerdo de Paz firmado con las FARC-EP en 2016 y la importancia de desarrollar políticas de seguridad que integren enfoques territoriales, étnicos y de género.
Asimismo, se insta a la Jurisdicción Especial para la Paz a incluir proyectos restaurativos en sus sentencias que respondan a los daños sufridos y a reformar el sistema de protección para los defensores de derechos humanos, involucrando en este proceso a la sociedad civil. La oficina también subraya la necesidad de una reforma profunda de la Policía Nacional y de la legislación sobre inteligencia, con el fin de alinearse a los estándares internacionales.
Finalmente, la Oficina de Derechos Humanos reafirmó su compromiso de seguir trabajando en conjunto con las instituciones colombianas para fortalecer la justicia transicional y garantizar la reparación integral a las víctimas, manteniendo un enfoque claro en la defensa de los derechos humanos como base para alcanzar una paz sostenible en el país.
