La semana pasada, la Electronic Frontier Foundation (EFF) presentó, junto a la Asociación de Abogados Defensores de Michigan y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), un informe amicus curiae ante la Corte Suprema de Michigan. Este documento se centra en el caso de «People v. Carson» y cuestiona la constitucionalidad de la orden de registro del teléfono móvil de un acusado.
El caso involucra a un individuo, Mr. Carson, quien fue arrestado por presuntamente robar dinero de la caja fuerte de un vecino. Posteriormente, las autoridades solicitaron una orden para registrar su teléfono, aunque la justificación para tal búsqueda fue vaga, basada únicamente en una declaración general de un oficial sobre el uso del dispositivo en la comisión de delitos. La orden se ejecutó sin limitaciones sobre el tiempo o la categoría de datos que se podrían examinar, lo que llevó a que la evidencia obtenida fuera utilizada en su condena.
En la apelación, la Corte de Apelaciones de Michigan falló a favor de Carson, indicando que la evidencia recogida del teléfono no debía ser admitida en el juicio, debido a la falta de especificidad de la orden de registro. El gobierno impugnó esta decisión ante la Corte Suprema, que aceptó la apelación y recibió el informe amicus.
En este informe, la EFF argumenta que la orden de registro era inadecuada y demasiado amplia, ya que no demostraba causa probable para la búsqueda y carecía de las especificaciones necesarias para limitar la búsqueda a un período o a tipos específicos de información. La EFF invoca el precedente establecido en el caso «Riley v. California», donde se reconoce que los teléfonos inteligentes son diferentes de otros objetos en su capacidad de almacenamiento y la información sensible que contienen.
La presentación destaca que los tribunales deben ser extremadamente cuidadosos al revisar las órdenes de registro relacionadas con dispositivos electrónicos, cumpliendo con los estándares de causa probable y especificidad establecidos por la Cuarta Enmienda. En el caso de Carson, la solicitud de orden no estableció un vínculo directo entre la investigación del robo y el teléfono del acusado, limitándose a citar las acusaciones que justificaron su arresto.
Además, se señala que la orden permitía acceder a «todos los datos» del teléfono sin restricciones, lo que es incompatible con la protección que la Cuarta Enmienda otorga contra las búsquedas generales. Tradicionalmente, los pedidos de búsqueda de dispositivos móviles han incluido límites temporales y en las categorías de datos, algo que la orden en cuestión no contempló.
Ante el creciente uso de teléfonos inteligentes y su capacidad para almacenar datos privados, es vital que los tribunales mantengan un enfoque riguroso respecto a las órdenes de registro, reforzando así el objetivo esencial de la Cuarta Enmienda: proteger la privacidad y seguridad de los individuos contra invasiones arbitrarias por parte del estado.