La Electronic Frontier Foundation (EFF) ha presentado un informe amicus en el caso «Trabajadores v. Bessent», centrado en la controversia acerca de la transferencia de información fiscal protegida por el Servicio de Impuestos Internos (IRS) al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para la aplicación de la ley de inmigración. Este organismo, experto en privacidad y tratamiento de datos, argumenta que estas acciones gubernamentales impactan negativamente en la vida cotidiana de los ciudadanos.
El informe de la EFF resalta que la compartición masiva de datos del IRS es inapropiada y expone a los contribuyentes a errores que, aunque inevitables, pueden tener consecuencias severas. Según la EFF, esta práctica no solo erosiona la confianza en las instituciones gubernamentales, sino que pone en riesgo la eficacia de las mismas. Históricamente, la divulgación de información fiscal ha sido un tema delicado que requiere cuidado y protección.
En su análisis, la EFF presenta dos argumentos fundamentales. En primer lugar, sostiene que si la Ley de Reforma Fiscal, que encomienda al IRS la autoridad para compartir datos, se percibe como ambigua, debe ser interpretada en línea con la intención legislativa original. Esta interpretación desalienta la divulgación de datos sensibles y destaca la arbitrariedad de cambiar la aplicación de normativa sin justificación adecuada.
El segundo argumento menciona que, de acuerdo a expertos en datos, al intentar verificar información en bases de datos imperfectamente identificables, es altamente probable que se generen errores. Estos fallos, que pueden surgir de datos desactualizados o incorrectos, se agravan en el caso de compartir información que afecta a un gran número de contribuyentes, lo que podría dar lugar a detenciones injustas y poner en riesgo la seguridad de los afectados.
La EFF también señala que las divisiones de información gubernamental están establecidas para proteger la privacidad individual y prevenir abusos. Le legislación, como la Ley de Privacidad de 1974, surgió precisamente para salvaguardar estos derechos y sus principios deben seguir siendo respetados. La Ley de Reforma Fiscal fue diseñada para asegurar que la información recabada para un propósito específico no sea utilizada en un contexto diferente, y las violaciones a esta norma pueden poner en peligro a los contribuyentes.
El texto enfatiza que la tributación en Estados Unidos se basa en un acuerdo implícito: el gobierno recoge impuestos a quienes laboran en el país, a cambio de la promesa de que sus datos no serán utilizados en su contra. Si este principio se rompe, las repercusiones pueden ser graves, incluyendo una reducción en la presentación de declaraciones fiscales por parte de contribuyentes, incluso aquellos que son inmigrantes indocumentados.
Finalmente, la EFF advierte que la interconexión de datos entre distintas agencias gubernamentales puede ser desastrosa. Al combinar instituciones responsables de la salud, impuestos y apoyo social con aquellas que se encargan de aplicar la ley, se compromete la privacidad y los derechos de los contribuyentes. Por esta razón, la EFF continúa abogando por la protección de la información personal de los ciudadanos a través de su intervención en el caso «Trabajadores v. Bessent».
