Catorce entidades representativas del sector de la bicicleta compartida en España han unido fuerzas para solicitar al Gobierno la inclusión de este modelo de transporte en el Fondo Social para el Clima, un plan que el país debe presentar ante la Comisión Europea. Entre las organizaciones firmantes se encuentran AMBE, Bird, Bolt, Cooltra, Donkey, Dott y Lime, entre otras. Consideran que este fondo representa una oportunidad histórica para garantizar el acceso a modalidades de transporte sostenibles, dado que la presencia de bicicletas compartidas en el país es notablemente inferior a la de naciones como los Países Bajos o Dinamarca.
Con la fecha límite para la elaboración del Plan Nacional que se enviará a Bruselas aproximándose, las entidades han trabajado en el «Manifiesto de los actores de la bicicleta compartida en España para el Fondo Social para el Clima». Este esfuerzo es el resultado de meses de diálogo y reuniones técnicas con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), en un intento de contribuir a la movilidad justa y sostenible.
El Manifiesto exige medidas concretas que aseguren un acceso equitativo a la movilidad, subrayando que la solución no se limita a la ampliación de infraestructuras. Se enfatiza la necesidad de democratizar las opciones de transporte en diversos contextos, particularmente en municipios medianos y áreas en riesgo de exclusión social. En la actualidad, el número de bicicletas compartidas en España es tres veces menor por cada 10,000 habitantes en comparación con los Países Bajos o Dinamarca, y la mitad que en Francia, lo que señala una clara necesidad de desarrollo en este modelo.
La bicicleta compartida simboliza una solución crucial para afrontar los desafíos de movilidad en el país, prometiendo un acceso equitativo y sostenible al transporte urbano. Si se incluyera en el Fondo Social para el Clima, se proyecta un incremento de hasta 100,000 bicicletas compartidas para el año 2030, junto con una reducción de 200,000 toneladas de emisiones de CO₂ anuales y una disminución de al menos un 10% en el uso del vehículo privado en áreas urbanas, además de la creación de más de 5,000 empleos.
El Manifiesto también subraya la relevancia de incidir en aspectos como la accesibilidad y los costos de movilidad en la formulación de nuevas políticas públicas. Jesús Freire, secretario general de AMBE y portavoz del Manifiesto, destacó que la bicicleta compartida es esencial para alcanzar los objetivos climáticos y optimizar la movilidad urbana. En 2024, el sistema BiciMAD superó los 9.8 millones de viajes, registrando un incremento del 30% respecto al año anterior, lo que evidencia el crecimiento del uso de este medio de transporte.
Entre las propuestas para el Fondo Social para el Clima se incluyen la promoción de la intermodalidad en el transporte, la optimización de los sistemas de bicicletas compartidas existentes, la creación de un bono social para este servicio y la expansión de la bicicleta compartida en municipios medianos y pequeños. Además, se sugiere un programa de micro subvenciones para fomentar la movilidad sostenible en áreas con menor demanda. Estas iniciativas tienen como objetivo no solo mejorar el acceso a una movilidad sostenible en las ciudades, sino también asegurar un enfoque inclusivo que beneficie a toda la población, especialmente a aquellos con menor acceso a transporte adecuado.
