El Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha presentado un informe que contiene 228 recomendaciones dirigidas a El Salvador, centradas en el fortalecimiento del sistema judicial y la lucha contra la corrupción. Durante una reunión celebrada este lunes, el gobierno salvadoreño aceptó la mayoría de estas sugerencias, subrayando la importancia de garantizar el derecho a la igualdad y la no discriminación. También se enfatizó la necesidad de mejorar los mecanismos nacionales de derechos humanos y ampliar el acceso a servicios básicos como salud, educación y seguridad social.
El informe destaca como un avance significativo la implementación de la Ley Nacer con Cariño, que establece un modelo integral de atención para madres y recién nacidos, garantizando cuidados respetuosos y sensatos desde la etapa preconcepcional hasta el puerperio. Además, se menciona la mejora en la atención de la salud sexual y reproductiva, enfocándose en la capacitación del personal médico y el acceso a programas de planificación familiar en zonas tanto rurales como urbanas.
El gobierno de El Salvador también se comprometió a adoptar políticas públicas que prioricen la inclusión y protección de grupos vulnerables como mujeres, niñas, personas con discapacidad, pueblos indígenas, minorías y migrantes. El informe enfatiza la reafirmación del compromiso del país con la promoción y el respeto de los derechos humanos de toda la población, haciendo hincapié en los grupos históricamente excluidos.
No obstante, el gobierno reconoció algunas recomendaciones que consideró invasivas a su soberanía o basadas en premisas que no reflejan su realidad interna. Estas incluyen observaciones sobre prioridades legislativas y enfoques internacionales que podrían existir en desacuerdo con la visión de El Salvador.
A pesar de estas reservas, el gobierno salvadoreño ha reiterado su compromiso con los derechos humanos y su disposición para colaborar con la comunidad internacional. La administración sostiene que está enfocada en promover un nuevo modelo que priorice la justicia, la equidad y el respeto a los derechos de todos los ciudadanos, así como en cumplir con sus obligaciones internacionales en esta materia.
