La Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) ha realizado un llamado urgente para que se levante la prohibición que impide la entrada de medios internacionales a Gaza. Según UNRWA, han transcurrido 650 días desde que comenzó una serie de atrocidades contra los civiles en la región, sin la presencia de prensa independiente para documentar los hechos. Más de 200 periodistas palestinos han perdido la vida en este contexto, lo que, según la agencia, alimenta campañas de desinformación y socava los testimonios de testigos y organizaciones humanitarias.
La Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) ha manifestado que los ataques y las privaciones que sufre la población de Gaza se han convertido en una triste normalidad. Esta situación ha causado muertes que podrían haberse evitado, desplazamientos masivos y una creciente desesperación entre los habitantes. Recientemente, las autoridades israelíes emitieron una nueva orden de desplazamiento que afecta a numerosas áreas del norte de Gaza. Se han registrado casos alarmantes de desnutrición entre niños y adultos que llegan a los hospitales, los cuales ya carecen de los recursos necesarios para proporcionar la atención adecuada.
La crisis energética en Gaza también sigue agravándose. En los últimos días, se ha interrumpido la recogida de residuos y se han cerrado pozos de agua en Deir al Balah. Desde el 9 de julio, la ONU ha logrado enviar más de 600,000 litros de gasóleo a Kerem Shalom, aunque se estima que se requieren «cientos de miles de litros» a diario para mantener los servicios esenciales y las operaciones de salvamento. La OCHA ha denunciado que el combustible que llega se destina, en su mayoría, a los servicios de salud, agua y telecomunicaciones.
Asimismo, la operatividad de UNRWA en Jerusalén Oriental enfrenta nuevas amenazas. Una propuesta legislativa presentada en el Parlamento israelí podría interrumpir servicios fundamentales y permitir la confiscación de propiedades de la ONU. Esta enmienda del Ministerio de Energía e Infraestructura busca prohibir el suministro de agua y electricidad a las instalaciones de UNRWA, lo que afectaría a más de 200,000 refugiados palestinos en la región. UNRWA ha afirmado que estas acciones violan las obligaciones de Israel como Estado miembro de las Naciones Unidas, comprometiendo así la protección legal de sus instalaciones según la Carta de la Organización.
