Recientemente se ha dado a conocer el primer conjunto de informes que evalúan los riesgos sistémicos asociados a las plataformas en línea más relevantes del mundo, generando expectativas en diversos sectores de la sociedad civil global. Estos informes son producto de la implementación de la Ley de Servicios Digitales (DSA), un marco normativo que busca regular a gigantes tecnológicos como Google, Meta, Amazon y TikTok, entre otros.
La DSA establece que estas plataformas, especialmente aquellas con más de 45 millones de usuarios en la Unión Europea, deben realizar evaluaciones proactivas sobre los riesgos asociados con sus servicios. Las directrices de la ley abordan una variedad de riesgos, no solo la propagación de contenido ilegal, sino también las potenciales amenazas a la integridad de los procesos electorales y la posible vulneración de derechos fundamentales.
Hasta ahora, la Comisión Europea ha designado más de 20 plataformas como «muy grandes», obligándolas a analizar cómo su diseño y uso pueden contribuir a dichos riesgos. Sin embargo, el marco regulatorio ha sido criticado por su falta de claridad en cuanto a los métodos que las empresas deben utilizar para llevar a cabo estas evaluaciones, lo que puede llevar a interpretaciones amplias y a prácticas discutibles.
Este contexto se vuelve más relevante en el marco de investigaciones recientes sobre el papel de TikTok durante las elecciones presidenciales en Rumanía. Tras la victoria sorpresiva de un candidato ultranacionalista, se han elevado acusaciones de que TikTok promovió contenido favorable a este candidato, lo que ha llevado a la Comisión Europea a investigar la gestión de riesgos de la plataforma y su adherencia a las nuevas obligaciones establecidas por la DSA.
El caso de TikTok pone de manifiesto las limitaciones actuales del marco normativo en lo que respecta a la evaluación de riesgos y las auditorías. Aunque se requiere que las plataformas publiquen informes anuales sobre su gestión de estos riesgos, la ausencia de estándares y metodologías uniformes complica la comparabilidad de sus enfoques. Aunque estos informes podrían marcar un avance hacia una mayor responsabilidad y transparencia, resaltan que los problemas sistémicos aún son de difícil comprensión.
Para enfrentar los desafíos complejos que plantean los servicios digitales, es fundamental adoptar un enfoque colaborativo que integre a expertos de la sociedad civil, académicos y activistas. Esta colaboración no solo ayudaría a esclarecer los retos complicados que enfrenta la sociedad, sino que también fortalecería los derechos de los usuarios y garantizaría la protección de derechos fundamentales.