La presidenta de la Asamblea General de la ONU, Annalena Baerbock, advirtió el martes que las sanciones impuestas por Estados Unidos a la Corte Penal Internacional (CPI) constituyen «ataques contra los principios mismos del derecho internacional». Esta declaración se produjo durante la discusión del informe anual de la Corte, tras la reciente implementación de sanciones dirigidas a jueces y fiscales del tribunal.
Las sanciones se originaron luego de que la CPI emitiera órdenes de detención contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el exministro de Defensa, Yoav Gallant, por supuestos crímenes de guerra cometidos en Gaza. Las medidas incluyen el bloqueo de acceso a propiedades en Estados Unidos y restricciones de viaje, lo que, según Baerbock, amenaza la independencia judicial.
Baerbock afirmó que la Corte fue establecida bajo el principio de que «la justicia es un deber universal», aunque su misión aún permanece incompleta. Destacó el papel de la CPI en la lucha contra la impunidad durante más de dos décadas, resaltando que la rendición de cuentas es posible incluso en los momentos más oscuros de la historia. Sin embargo, también subrayó que el contexto actual es más crítico, con continuas atrocidades que afectan la conciencia global.
Además, Baerbock hizo hincapié en la necesidad de cooperación internacional para llevar a cabo investigaciones y órdenes judiciales, al tiempo que reconoció las interferencias significativas que ha enfrentado el tribunal. Mencionó sanciones a funcionarios por defender el estado de derecho y ciberataques destinados a socavar su credibilidad, enfatizando que estos actos son parte de una estrategia deliberada para debilitar el sistema de justicia internacional.
En una resolución presentada a la Asamblea General, se subrayó que los funcionarios de la Corte deben operar «sin intimidación» y se condenaron las amenazas e injerencias que puedan afectar su trabajo. Por su parte, la presidenta del tribunal, Tomoko Akane, recordó a los delegados que las sentencias de la Corte son un recordatorio de que la justicia trasciende fronteras e intereses nacionales. Akane argumentó que la presión y amenazas contra los jueces socavan la credibilidad del derecho internacional.
La jueza también destacó los logros y desafíos que enfrenta la CPI, instando a los Estados miembros a defender el sistema jurídico internacional. Apuntó que más de 18,000 víctimas han participado en casos ante el tribunal en el último año, lo que ha permitido crear una plataforma para que las víctimas compartan sus historias y busquen justicia.
Finalmente, Akane se refirió a la importancia del Fondo Fiduciario en beneficio de las víctimas, que ha proporcionado reparaciones a personas afectadas por crímenes de guerra, como en Uganda, donde cerca de 50,000 víctimas han recibido compensaciones económicas.
