La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha emitido una severa advertencia sobre la crítica situación de los derechos humanos en Nicaragua. En un informe reciente, se ha destacado un aumento alarmante en la persecución de personas consideradas opositoras políticas, una amenaza que no solo afecta a quienes permanecen en el país, sino que se ha extendido también a aquellos en el exilio. Según Maarit Kohonen Sheriff, directora de la División de Operaciones Globales, los que se encuentran fuera de Nicaragua están expuestos a un alto riesgo para su vida y a graves violaciones de su integridad física.
Durante una presentación ante el Consejo de Derechos Humanos, Kohonen Sheriff subrayó el deterioro en el ejercicio de las garantías fundamentales en el país. Entre los grupos afectados se encuentran defensores de derechos humanos, periodistas, pueblos indígenas, afrodescendientes y líderes religiosos. Desde marzo, el gobierno ha cancelado la personería jurídica de 18 organizaciones sin fines de lucro, aumentando el total de entidades disueltas arbitrariamente desde 2018 a 5,535, lo que representa más del 80% de las organizaciones que existían hasta 2017.
La libertad de prensa es otra de las áreas severamente comprometidas, con al menos 178 periodistas exiliados desde 2018. Aquellos que permanecen en Nicaragua enfrentan una vigilancia constante y amenazas, con casos como el del periodista Leo Cárcamo, detenido arbitrariamente en noviembre de 2024, cuyo paradero sigue sin conocerse, lo que podría configurar una desaparición forzada.
Las restricciones a la libertad religiosa también son preocupantes, incluyendo la prohibición de procesiones en espacios públicos durante la Semana Santa. Clero y laicos continúan sometidos a amenazas y exilios forzados. La nueva Ley Electoral, adoptada en marzo, ha suscitado aún más inquietudes al consolidar el poder en la figura del Presidente, eliminando mecanismos de participación democrática y dificultando la formación de partidos políticos, excluyendo a personas desnacionalizadas y a quienes se encuentran en el exilio.
Kohonen Sheriff también hizo hincapié en cómo la reciente Ley Orgánica del Poder Judicial ha socavado la independencia de este ente, permitiendo a la Presidencia proponer al presidente de la Corte Suprema de Justicia. Además, la publicidad de los procesos penales ahora depende de la discreción de las autoridades.
Los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes están igualmente amenazados, con reformas aprobadas sin consulta previa y un aumento en los ataques a sus comunidades, resultando en detenciones arbitrarias y otros abusos. Se han documentado al menos 54 detenciones injustificadas, incluyendo diez de individuos indígenas, y trece posibles desapariciones forzadas con denuncias de tortura.
La situación se complejiza aún más con la negativa del gobierno a permitir el regreso de ciudadanos nicaragüenses, lo que ha separado a familias y ha impactado negativamente los derechos de los niños. Desde el comienzo del año se han registrado 29 casos de personas a quienes se les ha impedido regresar al país por razones políticas.
Kohonen Sheriff finalizó su intervención haciendo un llamado al gobierno de Nicaragua para retomar el diálogo y cumplir con sus compromisos en materia de derechos humanos, reiterando la disposición de la ONU para ofrecer asistencia técnica en este ámbito.
