El Secretario General de la ONU ha expresado su profunda preocupación respecto al nuevo sistema de reparto de ayuda humanitaria en Gaza, que está siendo gestionado por Estados Unidos e Israel. Según Guterres, este enfoque “está matando gente”, señalando que en el último mes se han reportado 549 muertes de civiles a causa de disparos de soldados israelíes en los puntos de distribución de alimentos. El funcionario enfatizó que las operaciones humanitarias están siendo gravemente afectadas y que las estrategias que llevan a civiles desesperados a zonas militarizadas son inherentemente inseguras. Guterres subrayó que la búsqueda de alimentos no debería ser una causa justificada para una sentencia de muerte, instando a Israel, como potencia ocupante, a facilitar el socorro humanitario en la región.
La situación es aún más alarmante a la luz de informes recientes de un diario israelí que revela testimonios de soldados que recibieron órdenes de disparar contra civiles. Guterres argumentó que no se necesitan tales testimonios para evidenciar las graves violaciones del derecho internacional humanitario en Gaza y subrayó la urgencia de establecer mecanismos de rendición de cuentas.
En otro plano, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU ha manifestado su inquietud por la situación en Venezuela, donde en el último año se han documentado numerosas detenciones arbitrarias, así como violaciones al debido proceso y desapariciones forzadas que afectan a defensores de derechos humanos y opositores políticos. No obstante, a pesar de algunas liberaciones condicionales, decenas de personas continúan detenidas sin acceso a asistencia consular. Volker Türk, Alto Comisionado de Derechos Humanos, ha instado a un cese inmediato de estas prácticas y ha hecho un llamado a Estados Unidos para frenar las deportaciones de venezolanos.
La represión también se hace sentir en Nicaragua, donde la persecución sistemática contra opositores políticos ha llevado al cierre de más de 5,000 organizaciones desde 2018. Esta situación ha intensificado un clima de miedo que silencia a periodistas y líderes comunitarios, exacerbando la crisis de derechos humanos en el país.
Finalmente, un informe de la Oficina para los Derechos Humanos en Colombia ha revelado que más de 658 menores han sido víctimas de violaciones graves de derechos humanos entre 2022 y 2024, destacando un alarmante aumento en el reclutamiento forzado de niños por parte de grupos armados. Las redes sociales están siendo empleadas para atraer la atención de menores a estos grupos, lo que agrava la problemática en un contexto preelectoral.
