Las mujeres buscadoras en México, quienes han emergido como símbolos de resistencia en un contexto de alarmante y sistemática desaparición de féminas, siguen enfrentando una grave falta de reconocimiento oficial y protección. Esta situación fue destacada en un informe reciente del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) presentado en Ginebra.
El CEDAW enfatizó la necesidad urgente de proteger a estas valientes mujeres, quienes, al carecer de un sistema que sancione debidamente a sus agresores, se ven obligadas a enfrentar la violencia y la injusticia estructural en su labor cotidiana. Su trabajo es clave para garantizar el derecho a la verdad y la justicia, y el organismo pide al Estado mexicano que implemente medidas concretas para salvaguardar su seguridad en un entorno hostil.
El informe reveló que las buscadoras son a menudo madres, hermanas y activistas que realizan arriesgadas travesías hacia hospitales y fosas clandestinas en busca de sus seres queridos desaparecidos. Cada día se enfrentan a amenazas constantes y agresiones, además de un desgaste físico y emocional significativo acuñado por la naturaleza de su búsqueda.
El CEDAW recomendó integrar a estas buscadoras en el Mecanismo Nacional de Protección a Personas Defensoras y Periodistas, con el fin de que reciban medidas de protección anticipada. Además, instó a desarrollar protocolos de protección colectiva que se adapten a las realidades de su trabajo, incluyendo desplazamientos a áreas de riesgo y actividades de exhumación.
El informe también puso de relieve la necesidad de investigaciones rápidas y exhaustivas sobre los abusos sufridos por estas mujeres, tanto por parte de funcionarios estatales como de grupos criminales. La coordinación efectiva entre autoridades federales y estatales, con una perspectiva de género, es esencial según el análisis del CEDAW.
Entre 2010 y 2024, se documentaron al menos 22 asesinatos de buscadoras, evidenciando el riesgo sistemático que enfrentan. En 2024, estas mujeres llevaron su situación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitando reconocimiento y protección. Demandaron un compromiso real de las autoridades para investigar las denuncias y sancionar a los culpables.
Aunque han surgido iniciativas para promover la igualdad en el país, el CEDAW considera que los avances son limitados. Insta a crear mecanismos de monitoreo que aseguren la implementación de las recomendaciones anteriores, como la tipificación penal de la desaparición forzada y la mejora de los registros oficiales sobre estas situaciones. La falta de seguimiento a estos compromisos perpetúa la impunidad y profundiza el sufrimiento de las familias que claman justicia.
