Un reciente informe ha revelado alarmantes violaciones de derechos humanos que sufren los afganos forzados a regresar a su país, especialmente desde el inicio de 2023. La investigación, realizada por la Misión de Asistencia de la ONU en Afganistán junto a la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, destaca que entre los afectados se encuentran mujeres, exfuncionarios del gobierno anterior, periodistas y activistas. Muchos han denunciado haber sido sometidos a torturas, detenciones arbitrarias y amenazas por parte de las autoridades talibanes.
Desde principios de año, cerca de dos millones de afganos han regresado al país, la mayoría provenientes de Pakistán e Irán, y muchos de estos retornos han sido forzados. El informe, titulado «No Safe Haven», se basa en entrevistas con 49 personas que fueron obligadas a regresar en 2024. Desde que los talibanes tomaron el poder en agosto de 2021, miles de afganos han huido en busca de protección, pero han sido obligados a regresar en circunstancias que, según la ONU, violan el derecho internacional.
Los testimonios recopilados revelan un estado permanente de miedo e inseguridad entre los retornados, quienes se ven forzados a esconderse debido a las amenazas de las autoridades. Las experiencias compartidas son desgarradoras: un exjuez se oculta por temor a represalias, y una joven describe su situación como una dependencia económica total de su familia en un entorno restrictivo. Una periodista, por su parte, se refiere a su vida como un «arresto domiciliario» ante las limitaciones impuestas a las mujeres, que incluyen prohibiciones de trabajar y acceder a la educación.
Adicionalmente, las personas con identidades de género diversas enfrentan un hostigamiento extremo. Un testimonio devastador es el de una persona no binaria que fue detenida y agredida tras su regreso, lo que pone de relieve las brutales condiciones que enfrentan.
El informe también hace un llamamiento urgente para detener las deportaciones forzadas, argumentando que estas violan el principio de no devolución, que prohíbe a los Estados obligar a alguien a regresar a un país donde su vida o libertad estarían en riesgo. A pesar de las advertencias internacionales, las deportaciones continúan sin que muchos de los retornados sean evaluados adecuadamente en términos de riesgo para su seguridad.
Los gobiernos de Pakistán e Irán han manifestado sus posiciones: Pakistán defiende su política de repatriación, mientras que Irán asegura respetar los derechos humanos y ofrecer asistencia a los retornados. Por su parte, las autoridades talibanes han negado las acusaciones de violaciones de derechos, insistiendo en que cualquier abuso es sancionado.
La situación en Afganistán, según el informe, carece de las condiciones mínimas de seguridad necesarias para los retornados, lo que subraya la necesidad urgente de establecer mecanismos de protección internacional.
