El gobierno canadiense se encuentra en la fase final de aprobación de una legislación que podría comprometer la privacidad digital de sus ciudadanos, permitiendo el acceso a datos personales por parte de fuerzas policiales de Estados Unidos y posiblemente de otros países. Esta iniciativa, conocida como el Proyecto de Ley C-2 o Acta de Fronteras Fuertes, incluye una serie de medidas que ponen en tela de juicio los derechos constitucionales de los canadienses en nombre de la «seguridad fronteriza».
El proyecto busca alinear las políticas de vigilancia en Canadá con las demandas de Estados Unidos, lo que podría conducir a una erosión significativa de las protecciones de privacidad logradas durante décadas. La legislación impactaría a todos los usuarios de servicios de Internet en el país, abarcando desde correos electrónicos hasta almacenamiento en la nube y aplicaciones de mensajería.
Más de un centenar de expertos legales y académicos canadienses han expresado su rechazo a esta propuesta, considerándola un «asalto multipropósito a los derechos humanos y libertades que Canadá valora». El Proyecto de Ley C-2 permitiría a la policía y al Servicio Canadiense de Inteligencia de Seguridad (CSIS) acceder a la información sobre las actividades en línea de los ciudadanos basándose en un umbral de «sospecha razonable», sin la necesidad de obtener una orden judicial.
Las empresas que gestionan estos datos tendrían apenas cinco días para impugnar cualquier orden de divulgación y recibirían inmunidad legal al facilitar información. Esto implicaría que las fuerzas del orden podrían rastrear cuentas en línea, registrar momentos de acceso y conexiones entre servicios sin ningún tipo de supervisión judicial apropiada.
Además, el proyecto de ley contempla la imposición de «puertas traseras» en los sistemas de cifrado, lo que obligaría a las empresas a monitorizar a sus usuarios. Este marco legal también contempla la creación de herramientas de vigilancia que podrían ser requeridas a las empresas canadienses, independientemente de su ubicación en el mundo.
Si se lograra la aprobación del Proyecto de Ley C-2, las fuerzas del orden estadounidenses tendrían la capacidad de solicitar datos de empresas tecnológicas canadienses en secreto, sin informar a los usuarios y bajo órdenes de silencio que les inhibirían revelar que han sido forzadas a compartir información. Este contexto plantea serias preocupaciones sobre el acceso de gobiernos autoritarios a bases de datos que contienen información privada de los canadienses.
Recientemente, un funcionario del gobierno canadiense indicó que este régimen de vigilancia otorgaría a la policía canadiense herramientas similares a las que poseen sus homólogos en Estados Unidos bajo la Ley PATRIOTA. La propuesta ha suscitado una intensa oposición de activistas y organizaciones defensoras de las libertades civiles, quienes han instado al gobierno a retirar esta controvertida legislación, sosteniendo que la protección de la privacidad debe ser prioritaria frente a las preocupaciones de seguridad.
