El Parlamento Europeo se convirtió en el punto de encuentro de un desayuno informativo organizado por la Asociación Española del Aluminio y Tratamientos de Superficie (AEA), donde se reunieron alrededor de 60 eurodiputados, asesores parlamentarios y representantes del sector. El objetivo central del encuentro fue discutir el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM) y su repercusión en la industria del aluminio, un sector de vital importancia para la economía del continente.
La sesión fue inaugurada por la eurodiputada Susana Solís Pérez y el eurodiputado polaco Adam Jarubas, ambos del Grupo PPE, quienes resaltaron la necesidad de adaptar el CBAM para alcanzar los objetivos climáticos sin menoscabar la competitividad del sector. Solís Pérez subrayó que el diseño actual del mecanismo no refleja las realidades particulares de la industria del aluminio, enfatizando la urgencia de considerar sus especificidades para evitar efectos negativos en empleo y producción.
Jarubas agregó que, aunque existe un compromiso por parte del comisario Hoekstra para trabajar en este asunto, la pronta clarificación de su implementación es esencial. Antoine Chacun, de ODDO-BHF, advirtió sobre el déficit estructural del aluminio en Europa, subrayando que su ausencia podría obstaculizar la transición ecológica. Afirmó que el mecanismo actual podría encarecer el producto final y alterar el origen del metal, en vez de reducir las emisiones.
Giorgio Di Betta, presidente de CENTROAL-ASSOMET, argumentó que la exclusión de ciertos tramos de la cadena de producción del CBAM podría otorgar ventajas injustas a productores fuera de la Unión Europea, aumentando así las emisiones en lugar de disminuirlas. Por su parte, Angelika El-Noshokaty, directora general de Aluminium Deutschland, expresó su inquietud sobre la falta de criterios claros para calcular la huella de carbono, lo que podría generar conflictos comerciales y sobrecostes en la industria.
La situación del sector del aluminio se enfrenta a desafíos significativos, especialmente después del cierre de la planta de Alcoa en San Ciprián, que ha llevado a España a importar 220.000 toneladas anuales del metal. Además, las sanciones a Rusia y las modificaciones en el comercio internacional han complicado aún más el contexto.
La AEA, que representa a más de 650 empresas y emplea a más de 17.000 profesionales en España, ha manifestado su oposición a la implementación del CBAM tal como está diseñado. La asociación argumenta que podría resultar en un impacto regulatorio desproporcionado y un riesgo de sobrecostes estructurales de hasta 11.000 millones de euros anuales para el sector transformador europeo.
Entre las propuestas de la AEA se incluye la realización de una evaluación de impacto previa a la aplicación del CBAM, una exención temporal para el aluminio y el reconocimiento de las peculiaridades de sectores intensivos en transformación. La asociación, aunque no se opone al CBAM ni a sus objetivos ecológicos, recalca la necesidad de adaptar su aplicación para prevenir distorsiones que amenacen la competitividad de este sector estratégico para Europa.
El encuentro ha sido un importante foro de diálogo entre la industria y los responsables políticos, con la esperanza de alcanzar un equilibrio sostenible que satisfaga tanto las metas ambientales como la viabilidad económica de la industria del aluminio.
