Un reciente análisis de la campaña «Stop Censoring Abortion», promovida por la Electronic Frontier Foundation (EFF), ha evidenciado una alarmante tendencia de censura en las redes sociales que afecta a quienes comparten información sobre el aborto y la salud sexual y reproductiva. A través de diversas encuestas, se han documentado múltiples casos de «shadowbanning», una técnica que implica la supresión silenciosa de ciertos contenidos o creadores, limitando su alcance a la audiencia habitual.
El shadowbanning, también conocido como «deranking», se hace evidente cuando los creadores perciben que su contenido ya no recibe el mismo nivel de interacción y que sus cuentas resultan difíciles de localizar mediante las búsquedas. Aunque muchas plataformas niegan la existencia de esta práctica, admiten que hay una clasificación de contenidos, lo que deja el tema en la nebulosa en cuanto a la transparencia sobre su funcionamiento. En este ambiente, los contenidos relacionados con el aborto frecuentemente enfrentan un trato desfavorable, incluso aquellas publicaciones que simplemente validan decisiones reproductivas.
Esta forma de censura impacta de manera desproporcionada a quienes abordan temas considerados «tabú», como la sexualidad y la identidad LGBTQ+. Un caso representativo es el de Kim Adamski, educadora en salud sexual, cuya cuenta de Instagram se ha vuelto prácticamente invisible en las búsquedas, ilustrando cómo la censura restringe severamente la difusión de conocimientos cruciales.
Un informe del Center for Intimacy Justice revela que el 63% de las organizaciones y creadores encuestados han experimentado la eliminación de contenido en plataformas como Meta, mientras que el 55% ha enfrentado situaciones similares en TikTok. Esta censura contrasta notablemente con la visibilidad y promoción de contenidos violentos y extremistas en las mismas plataformas.
La situación actual respecto a los derechos reproductivos y la educación sexual en Estados Unidos es preocupante. Desde la decisión Dobbs v. Jackson en 2022, al menos 20 estados han restringido o prohibido el acceso al aborto, y muchas legislaturas han decidido no exigir que la educación sexual en escuelas públicas sea precisa y respetuosa. Este entorno restrictivo subraya aún más la urgencia de contar con plataformas sociales que ofrezcan refugio a quienes buscan información sobre salud sexual.
Los medios digitales son cruciales para el acceso a información vital, especialmente para quienes buscan orientación en un contexto donde el acceso a la atención médica se está criminalizando. Las redes sociales tienen la responsabilidad de garantizar la disponibilidad de esta información, no solo por cuestiones de libertad de expresión, sino también por razones de salud pública. La continua censura de contenidos relacionados con el aborto y la salud sexual no solo atenta contra la libertad de información, sino que también pone en riesgo el bienestar de muchas personas. En este contexto, es fundamental seguir promoviendo esfuerzos que desafíen la censura y fomenten un entorno en el que todas las voces puedan ser escuchadas.
