La persecución política en Venezuela ha alcanzado niveles alarmantes, según un informe reciente de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU. Este organismo ha advertido que la única esperanza de justicia para las víctimas de violaciones de derechos humanos radica en la acción de la comunidad internacional.
El estudio, presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, arroja nueva evidencia sobre la represión que se intensificó tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. Durante el periodo de protestas surgido a raíz de estos comicios, se documentaron 25 muertes. Al menos 12 de ellas involucraron a cuerpos de seguridad del Estado. En la ciudad de Maracay, se aseguró que miembros de la Guardia Nacional Bolivariana y del Ejército abrieron fuego contra los manifestantes, dejando un saldo trágico de seis víctimas fatales.
Marta Valiñas, presidenta de la Misión, denunció la falta de actualizaciones significativas por parte de la Fiscalía sobre las investigaciones alegando que los cuerpos de seguridad no eran responsables. «Nuestra investigación ha revelado lo contrario: todas las muertes permanecen en la impunidad», afirmó.
El informe también documentó cinco muertes de personas que habían sido detenidas durante las protestas, sugiriendo que el Estado falló en proporcionar atención médica adecuada. Patricia Tappatá, experta de la Misión, enfatizó que estos incidentes constituyen privaciones arbitrarias de la vida y denunciaron el maltrato a las familias, así como la falta de investigaciones efectivas.
A pesar de que en 2024 se excarcelaron aproximadamente 2006 de las 2220 personas detenidas, se ha evidenciado un aumento de al menos 200 nuevas detenciones selectivas en 2025, muchas de ellas dirigidas a críticos del gobierno. Especialmente preocupante es el hecho de que 220 menores de entre 13 y 17 años fueron detenidos en condiciones inhumanas que incluyeron violencia sexual y violaciones del debido proceso.
El informe expone un esquema estatal de torturas sistemáticas, que abarca asfixia, golpes y descargas eléctricas. Las autoridades judiciales parecen ignorar estas graves denuncias, mientras que las leyes que regulan la «financiación de ONG» han obligado a muchas organizaciones civiles a cerrar o restringir sus operaciones.
Marta Valiñas hizo un llamado de atención, afirmando que las evidencias respaldan la continuidad de la persecución política en Venezuela. «No hay voluntad por parte de ninguna autoridad nacional para prevenir, investigar o sancionar estas violaciones de derechos humanos», sentenció.
La situación descrita sugiere que la justicia en Venezuela ha abandonado su función primordial, dejando a las víctimas a merced de la comunidad internacional en busca de respuestas y acciones frente a las violaciones de sus derechos.
